A un año del aseguramiento del buquetanque Challenge Procyon, cargado con 10 millones de litros de combustible en el puerto de Altamira, Tamaulipas, la investigación por una presunta red de huachicol fiscal mantiene detenidos a siete marinos y a otros involucrados. El caso también tiene como pendientes la localización del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como Capitán Sol, y la comparecencia del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
El expediente apunta a una operación que habría utilizado aduanas marítimas para introducir hidrocarburos desde Estados Unidos con documentación alterada. De acuerdo con las indagatorias, las cargas eran declaradas como aceite o aditivo para evadir impuestos y posteriormente se distribuían mediante pipas.
Los principales detenidos
Entre los presuntos cabecillas se encuentran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. El primero permanece preso, mientras que Fernando Farías fue detenido en Argentina en abril de 2026 y trasladado a México en agosto del mismo año, donde quedó sujeto a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
También fueron detenidos los capitanes de navío Climaco Aldape Utrera y Humberto Enrique López Arellano, además de otros mandos navales, funcionarios aduanales, empresarios y empleados vinculados con la operación investigada. La Secretaría de Marina informó que dio de baja definitiva a Fernando Farías en abril de 2026.
El pendiente del Capitán Sol
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina no han localizado a Miguel Ángel Solano Ruiz, señalado en la investigación como un presunto operador de la red. Según el expediente, habría coordinado el reclutamiento de participantes, la distribución de dinero y la comunicación con integrantes de la organización.
En agosto de 2026, un juez federal dejó sin efecto provisionalmente la orden de aprehensión contra Solano Ruiz debido a fallas en el debido proceso. El juzgado ordenó que se emitiera una nueva determinación en audiencia oral con la presencia de las partes, por lo que la situación jurídica del exmando naval permanece pendiente.
Así habría operado la red
Las investigaciones señalan que los buques partían de Texas, Estados Unidos, con millones de litros de hidrocarburo. Al llegar a los puertos de Tampico o Altamira, la carga presuntamente era registrada con una clasificación distinta para evitar el pago de impuestos, mientras personal naval y aduanal habría simulado inspecciones y verificaciones.
Una vez descargado, el combustible era trasladado por empresas transportistas. La Fiscalía sostiene que la red buscaba controlar designaciones, ascensos y movimientos de personal en las aduanas marítimas para garantizar la importación, el almacenamiento y la distribución del hidrocarburo.
La investigación también relaciona el caso con Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y propietario de la empresa Ingemar, quien fue detenido por una indagatoria distinta relacionada con el presunto tráfico de combustible en ferrotanques. Las acusaciones contra todos los involucrados deberán resolverse ante las autoridades judiciales.
A un año del operativo que expuso la presunta red, el proceso continúa con varios imputados sujetos a prisión preventiva, mientras las autoridades buscan definir la responsabilidad individual de los acusados y localizar a quienes permanecen prófugos o deben comparecer ante la Fiscalía.