El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios o exfuncionarios del estado, a quienes señala de asociarse con el Cártel de Sinaloa para la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadunidense y por delitos relacionados con armas.
Las imputaciones incluyen a mandos de seguridad, exfuncionarios y al alcalde de Culiacán, y describen supuestos acuerdos de protección, suministro de información y apoyo político a grupos criminales. Tras la difusión de la acusación, Rocha solicitó licencia temporal de su cargo mientras se esclarece la situación.
El Gobierno mexicano —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República— dijo no haber recibido una solicitud de extradición formal con la evidencia que, a su juicio, justificaría la urgencia de detener a los señalados. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que Exteriores exija a Washington la documentación que respalde las afirmaciones.
En paralelo, en Chihuahua se investiga la participación de agentes estadunidenses en un operativo contra un narcolaboratorio entre el 17 y el 19 de abril, en el cual murieron cuatro personas, entre ellas dos presuntos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El caso desencadenó la creación de una unidad de investigación local y la renuncia del fiscal estatal.
Los dos eventos han tensado el clima político: la oposición ha pedido medidas como la desaparición de poderes en Sinaloa, mientras que partidos y autoridades del propio gobierno federal llaman a la prudencia y a respetar la presunción de inocencia hasta que se presenten pruebas fehacientes.
Las averiguaciones tanto en Estados Unidos como en México continúan abiertas. El desenlace determinará posibles procesos judiciales y tendrá efectos en la política regional y en las relaciones bilaterales, al plantear preguntas sobre la cooperación en materia de seguridad, la soberanía nacional y los mecanismos de rendición de cuentas.
