El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que próximamente presentarán una reforma constitucional para eliminar la inmunidad procesal penal de legisladores y titulares de los poderes ejecutivos locales. La propuesta busca que los cargos de elección popular no sean utilizados como protección frente a investigaciones o procesos penales.
El legislador planteó avanzar hacia un régimen de responsabilidades públicas en el que ninguna autoridad se encuentre por encima de la ley. También propuso evitar que los cargos legislativos funcionen como plataformas temporales para buscar otras posiciones políticas.
Diferencias entre fuero e inviolabilidad parlamentaria
Ramírez Cuéllar explicó que la iniciativa distingue entre la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad procesal penal, dos figuras que suelen agruparse bajo el concepto de fuero. La primera protege las opiniones y los votos emitidos por legisladoras y legisladores en el ejercicio de sus funciones.
En cambio, la inmunidad procesal penal establece una protección previa frente al ejercicio de la acción penal. De acuerdo con el planteamiento, esta figura debe eliminarse para que las acusaciones se atiendan mediante las reglas ordinarias del proceso penal y los controles constitucionales correspondientes.
La reforma mantendría garantías procesales
El diputado subrayó que retirar la inmunidad procesal penal no implicaría desconocer el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho de defensa. La protección frente a acusaciones infundadas, señaló, tendría que garantizarse mediante las instituciones y procedimientos establecidos por la ley.
La propuesta también contempla revisar los efectos de las resoluciones jurisdiccionales relacionadas con los juicios políticos, particularmente cuando una suspensión puede impedir que se ejecuten sanciones como la destitución o la inhabilitación.
Cuestionan efectos de las suspensiones en juicios políticos
Ramírez Cuéllar se refirió a la tesis LI/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que diferencia entre la sustanciación de un juicio político y la ejecución de sus efectos. Bajo ese criterio, una controversia constitucional no impediría investigar, tramitar o resolver el procedimiento.
Sin embargo, la suspensión podría detener temporalmente la aplicación de consecuencias como la destitución o la inhabilitación mientras se resuelve el fondo de la controversia. Para el legislador, esta diferencia puede provocar que un juicio político continúe formalmente, pero que sus resultados queden materialmente desactivados.
El vicecoordinador de Morena sostuvo que eliminar la inmunidad procesal penal y garantizar la continuidad efectiva de los procedimientos de responsabilidad forman parte de un mismo objetivo: reducir privilegios, combatir la impunidad y asegurar que las autoridades rindan cuentas por sus actos.