El 6 de mayo de 2026, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, anunció en una conferencia en el Senado que envío un escrito a los Departamentos de Estado, de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos solicitando que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sea declarado como “organización terrorista” por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
Moreno argumentó que la solicitud se sustenta en investigaciones y en la imputación reciente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras personas, y advirtió que una declaratoria estadounidense podría implicar sanciones para quienes mantengan relaciones con las personas o estructuras señaladas.
La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, respondió calificando la petición como una “solicitud disfrazada de intervención extranjera” y acusó al líder priista de buscar desestabilizar al movimiento político. Desde su discurso, Montiel rechazó la iniciativa y la consideró un acto de entreguismo.
En su mensaje, Moreno vinculó la medida con la necesidad de combatir la impunidad y la supuesta colusión entre el crimen organizado y actores políticos; recordó además que en 2025 el gobierno estadounidense emitió designaciones que calificaron a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, como parte de una estrategia regional contra el narcotráfico.
La solicitud de Moreno se produce en un contexto de tensiones entre los principales partidos y tras señales de cooperación y medidas legales por parte de autoridades de Estados Unidos en casos que involucran a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas.
