Amnistía Internacional afirmó que el número de personas desaparecidas en México creció 10.5% durante 2025 respecto al año anterior, y que hasta diciembre el registro ascendía a aproximadamente 133,500 casos.
La organización pidió al Gobierno que declare la crisis como emergencia nacional y respaldó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas para llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU.
Según el informe y comunicados públicos, Amnistía criticó la respuesta de las autoridades mexicanas, señaló carencias en mecanismos de protección y alertó sobre el alto número de restos humanos sin identificar registrados por organizaciones de la sociedad civil.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha documentado indicios sobre la gravedad del problema; ante ello, el gobierno federal ha rechazado algunas conclusiones y calificó ciertos hallazgos como desactualizados o imprecisos.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares han pedido cooperación internacional y medidas urgentes para fortalecer las investigaciones forenses, reducir la impunidad y proteger a las personas que realizan búsquedas.
La situación, enmarca un debate público sobre la necesidad de políticas públicas, recursos y coordinación entre autoridades para atender una crisis que, según distintas fuentes, no muestra tendencia a la baja.
