La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) acusó el 7 de abril de 2026 una “represión violenta” contra sus integrantes en Tlaxcala, y denunció agresiones con armas de fuego, golpizas y la desaparición de varios manifestantes durante el desalojo de bloqueos en la carretera México‑Veracruz y el Arco Norte.
La denuncia ocurre en el marco de una jornada de bloqueos y tomas de casetas convocada por transportistas y productores que afectó, al menos de forma parcial, a varios estados del país. Informes periodísticos detallan que fuerzas estatales y federales ejecutaron operativos antimotines para despejar tramos carreteros y restablecer la circulación.
Los hechos son relevantes porque involucran reclamos permanentes del sector: mayor seguridad en carreteras, atención a agresiones y desapariciones de conductores, y presión por los costos operativos del transporte. La protesta buscaba visibilizar esas demandas y obligó a diversas autoridades a intervenir por el impacto al libre tránsito y la logística.
Como evidencia, registros periodísticos y testimonios recabados en el lugar describen el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua de carros cisterna y la actuación de agentes antimotines durante la madrugada, según reportes locales y nacionales. Las autoridades de Tlaxcala señalaron que actuaron “en estricto cumplimiento de la ley” y afirmaron que no hubo detenciones; los manifestantes sostienen lo contrario y exigen la presentación con vida de los reportados como desaparecidos.
Fuentes informan que tras los operativos se liberaron tramos del Arco Norte y de la carretera México‑Veracruz, y que la cifra de bloqueos activos en la jornada disminuyó respecto al inicio de la protesta. Medios nacionales también registraron acciones en estados como Veracruz y Chihuahua dentro del mismo movimiento.
ANTAC exigió el cese de la represión, una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” que sancione a los responsables, y garantías para la protesta social. Por su parte, el gobierno estatal defendió el operativo para restablecer la circulación y reiteró su disposición al diálogo.
En paralelo, reportes indican la programación de mesas de trabajo entre representantes del sector y autoridades federales para los días siguientes, con la intención de abrir canales de negociación; fuentes periodísticas señalan que estas reuniones fueron planteadas como respuesta parcial a las demandas de transportistas y productores.
La situación mantiene abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones si no hay acuerdos concretos: los líderes del sector han advertido que las acciones continuarán mientras persistan riesgos para la integridad de quienes trabajan en carretera. La exigencia central sigue siendo la seguridad para operar y mecanismos efectivos de protección para conductores y mercancías.
