La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires anunció el 18 de mayo de 2026 el inicio del “Programa de Protección de los Bienes Comunes Globales”, una carta de intención de cinco años entre la Armada Argentina y el Comando Sur estadounidense destinada a reforzar la vigilancia y control en el Atlántico Sur.
La carta de intención fue suscrita por autoridades navales de ambos países y plantea la provisión de equipamiento, entrenamiento y apoyo operativo para mejorar la detección y el monitoreo en la zona económica exclusiva argentina. Entre las capacitaciones y equipos mencionados en las comunicaciones oficiales se incluyen cámaras especializadas para aeronaves, sensores multiespectrales, drones de despegue vertical y sistemas de comando y control.
El acuerdo ya generó críticas de sectores de la oposición y expertos en defensa. Voces políticas han señalado que el Mar Argentino es un territorio sobre el que Argentina tiene obligación de ejercer jurisdicción propia y pidieron evaluación parlamentaria sobre la dimensión del convenio. También se expresó la preocupación por el uso del término “bienes comunes” para describir espacios que, según los críticos, forman parte de la soberanía nacional.
Las autoridades defensoras del acuerdo lo presentaron como una forma de reforzar las capacidades de control frente a actividades ilícitas —como la pesca ilegal— y de modernizar recursos para la Armada, con el objetivo declarado de “fortalecer la seguridad regional” y aumentar la interoperabilidad entre fuerzas.
El anuncio fue difundido inicialmente por la representación diplomática estadounidense y posteriormente confirmado en comunicados oficiales y notas informativas de medios. El tema abre ahora un debate sobre los alcances legales y políticos del convenio y si requiere, o no, del trámite y aprobación del Congreso para su plena ejecución.
