Artesanos y comerciantes de Chichén Itzá denunciaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha impuesto un registro obligatorio para permitir el ingreso diario al sitio arqueológico, y rechazaron la medida por considerarla una modificación unilateral de los acuerdos previos y una limitación a su derecho al trabajo.
El INAH, en coordinación con el gobierno de Yucatán, ha sostenido que el registro busca identificar a los vendedores autorizados, ordenar la actividad comercial y garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del complejo turístico.
El conflicto se reavivó a inicios de julio de 2026, después de que la zona arqueológica reabriera el 1 de junio de 2026 tras un cierre que duró alrededor de 13 días. La disputa original estuvo ligada a la reubicación de los puestos comerciales al nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI), obra que concentró críticas por su costo y por la resistencia de muchos vendedores a trasladarse.
Diversos grupos de artesanos afirmaron que cuentan con padrones y gafetes previos —censos de años anteriores— y denunciaron que el registro diario, acompañado por presencia de cuerpos de seguridad, constituye una práctica de intimidación y hostigamiento.
Autoridades locales y federales han defendido el proceso de reordenamiento del comercio en el parador turístico, argumentando la necesidad de controles administrativos para mejorar la experiencia del visitante y la operación del sitio patrimonial.
Hasta el momento, las partes mantienen posiciones encontradas y las negociaciones continúan. La situación ha generado incertidumbre entre familias que dependen del turismo de Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más visitados del país.
