Artículo 19 México y Centroamérica pidió que la audiencia de vista contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se desarrolle con independencia, imparcialidad y apego a los estándares internacionales de derechos humanos. La diligencia está prevista para el 20 de octubre de 2026 en Quintana Roo y dará paso a una resolución condenatoria o absolutoria por su probable responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho.
La organización, junto con Lydia Cacho, periodistas, medios y organizaciones civiles, señaló que el caso representa una prueba para el sistema de justicia mexicano, luego de más de dos décadas de procesos judiciales, liberaciones y resoluciones que han impedido alcanzar una reparación integral para la periodista.
Un proceso judicial que se prolonga desde 2005
Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada por tierra a Puebla durante más de 20 horas. Durante el trayecto denunció amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual y tortura física y psicológica.
Las agresiones ocurrieron después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó redes de explotación sexual infantil vinculadas con empresarios y autoridades mexicanas. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó que el Estado mexicano violó los derechos de la periodista y exigió investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño.
Artículo 19 advierte sobre los retrocesos del caso
Artículo 19 recordó que el proceso ha tenido diversos retrocesos. Entre ellos mencionó el amparo concedido en 2021 al empresario Kamel Nacif Borge, la exoneración en 2025 del excomandante Juan Sánchez Moreno y el cambio de medidas cautelares que permitió a Hugo Karam Beltrán salir de prisión en agosto de 2024, sin que ello representara una absolución.
También señaló que el excomandante Alejandro Rocha Laureano quedó en libertad el 14 de octubre de 2026, después de que se consideró cumplida una condena de cinco años y seis meses por el tiempo que permaneció encarcelado desde 2018. La organización precisó que esa liberación obedeció al cumplimiento de la pena y no a una declaración de inocencia.
Exigen protección para Lydia Cacho
La organización afirmó que Lydia Cacho continúa recibiendo amenazas por medios digitales y que no cuenta con condiciones suficientes para regresar a México de manera segura. La periodista y su familia tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 10 de agosto de 2009.
Artículo 19 pidió que la audiencia respete el debido proceso y que, si se acredita la responsabilidad de Mario Marín, se imponga una sanción proporcional a la gravedad de los hechos. Además, solicitó medidas efectivas de protección, garantías de no repetición y seguimiento público por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y organismos internacionales.