Desde los primeros días de mayo de 2026 (reportes apuntan a los días 6 y 7), comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez —entre ellas Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán— sufrieron ataques armados que obligaron a familias a huir y buscar refugio en localidades vecinas.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG‑EZ) denunció que los agresores, identificados como el grupo conocido como “Los Ardillos”, incendiaron viviendas, mataron animales de crianza y emplearon drones en las ofensivas, lo que agravó el desplazamiento forzado de pobladores.
Autoridades federales y estatales intervinieron la región y, el 12 de mayo de 2026, funcionarios visitaron la zona para instalar corredores humanitarios y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad. Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad afirmó que en la zona operan grupos que han participado en actos delictivos contra la población.
En los días siguientes comenzó el retorno de algunas familias a sus comunidades: fuentes locales reportaron que alrededor de 120 personas regresaron a mediados de mayo, mientras que las cifras oficiales difundidas por dependencias gubernamentales registraron, en algún conteo, cerca de 96 desplazados. Otras estimaciones periodísticas y organizaciones civiles elevaron el número a varias centenas e incluso hablan de más de mil personas afectadas.
La situación humanitaria motivó llamados a la solidaridad y a la entrega de ayuda por parte de iglesias y organizaciones comunitarias, así como la promesa de brigadas para atención médica y apoyos básicos. Persisten demandas de protección efectiva y aclaración de responsabilidades por los hechos violentos.
Ante la disparidad de cifras y versiones, las autoridades locales y federales han señalado que se mantienen operativos de seguridad y trabajos de investigación para restablecer condiciones de orden y permitir el retorno seguro de las familias afectadas.
