Desde principios de mayo se registró una escalada de violencia en varias comunidades del municipio de Chilapa, Guerrero, que obligó a familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en localidades cercanas.
Las versiones sobre el número de desplazados difieren: autoridades federales reportaron decenas de personas desplazadas, mientras que organizaciones civiles y testimonios locales elevan la cifra a cientos e incluso cerca de mil personas afectadas.
Durante los ataques se reportaron incendios y daños en viviendas, así como la muerte de animales de crianza. También se denunció el uso de armamento y, en algunos relatos, drones en las ofensivas.
El operativo de seguridad en la zona fue reforzado con presencia federal y estatal; funcionarios visitaron las localidades afectadas y anunciaron el establecimiento de corredores humanitarios y la reinstalación de bases de operación de las fuerzas públicas para garantizar el acceso a víveres y servicios básicos.
El conflicto enfrenta a grupos armados que disputan el control territorial en la región, lo que ha generado desplazamiento forzado y un aumento de la preocupación por la seguridad y la integridad de las comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero.
La crisis se suma a un patrón prolongado de violencia en la región que ha afectado a población civil durante años y que plantea retos para la atención humanitaria, la reparación de daños y el restablecimiento de condiciones para el retorno seguro de las familias.
