El 3 y 4 de mayo de 2006, operativos policiales en San Salvador Atenco y Texcoco provocaron detenciones masivas, abusos físicos y violencia sexual contra civiles. A dos décadas de esos hechos, las víctimas mantienen que el Estado mexicano no ha cumplido con la reparación integral ordenada por un tribunal internacional.
En noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México era responsable por violaciones a derechos humanos cometidas durante los operativos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura física y sexual contra once mujeres, y ordenó medidas de investigación, reparación y no repetición.
Las víctimas y organizaciones denuncian que las medidas judiciales y administrativas exigidas por la sentencia no se han aplicado en su totalidad; los procesos penales no registran sentencias contra la cadena de mando y persisten demandas por atención médica, psicológica y compensaciones económicas.
Una de las voces que resume el reclamo es: “No hay un solo policía que haya pisado la cárcel”, frase citada por algunas de las afectadas al recordar la impunidad que, dicen, rodea los hechos.
Organismos internacionales han urgido al país a acelerar el cumplimiento de las reparaciones y a avanzar en las investigaciones. Las víctimas recuerdan también a las personas que murieron durante los días de confrontación y exigen verdad, justicia y garantías para que hechos similares no se repitan.
En el vigésimo aniversario de los operativos —3 y 4 de mayo de 2026— las exigencias por la implementación efectiva de las medidas ordenadas por la Corte siguen vigentes, mientras familiares y sobrevivientes mantienen la vigilancia y reclaman acciones concretas por parte de las autoridades.
