El 22 de junio de 2026 se difundió un audio en el que, según la grabación, la gobernadora de Baja California mantiene una conversación con personas que se identifican como asesores externos vinculados al Buró Federal de Investigación (FBI). En el intercambio se mencionan reuniones con autoridades, la intervención de abogados y la posibilidad de cargos y hasta una orden de extradición.
En la grabación la persona atribuida a la gobernadora pregunta por el alcance de las acusaciones y reconoce reuniones previas con representantes de agencias estadounidenses; los interlocutores le ofrecen una última oportunidad para abordar posibles cargos. La voz atribuida a la mandataria afirma estar dispuesta a colaborar en lo que pueda aportar.
Tras la difusión del audio, la gobernadora reconoció que la grabación contiene su voz pero negó que hubiera celebrado “acuerdos en lo oscurito” con autoridades extranjeras. También ha señalado que cualquier gestión se realiza a través de sus representantes legales.
La publicación del audio reactiva el debate sobre la relación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses en casos vinculados a investigaciones transnacionales. Funcionarios y analistas han dicho que este tipo de comunicaciones genera dudas sobre procedimientos, transparencia y la vía por la que se tramitan gestiones consulares y legales.
Ante la naturaleza sensible de las afirmaciones —posibles cargos, reuniones con agencias foráneas y riesgo de extradición— la nota se conserva con lenguaje cauteloso mientras continúan las verificaciones y las autoridades correspondientes no emitan mayores precisiones.
