La entrega de monederos electrónicos de Broxel a integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados quedó en el centro de la atención pública por la diferencia entre el número de tarjetas reportado y el reconocido por la coordinación administrativa. Un reporte publicado el 3 de noviembre indicó que cada legislador recibió cinco tarjetas con 10 mil pesos; Faruk Miguel Take sostuvo que fueron tres, equivalentes a 30 mil pesos por diputado, como adelanto de prerrogativas de fin de año.
La distribución se habría realizado en San Lázaro el 28 de octubre. Las tarjetas corresponden a la modalidad “Tengo Negocios” de Broxel, empresa que también presta servicios de monederos electrónicos a la Cámara de Diputados.
Qué se sabe de la entrega
La diferencia entre ambas versiones cambia el monto total reportado para la bancada: la versión de cinco tarjetas equivale a 50 mil pesos por legislador, mientras que la explicación administrativa lo ubica en 30 mil. La coordinación morenista afirmó que los recursos forman parte de prerrogativas ordinarias y que se entregaron por adelantado.
Legisladores de oposición cuestionaron la distribución y pidieron aclarar el origen y el uso de los recursos. Representantes de Movimiento Ciudadano y del PAN también negaron que sus bancadas reciban ese tipo de tarjetas como prerrogativa.
Antecedentes de la empresa
Broxel ha recibido sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una amonestación de 2020 estuvo relacionada con la entrega tardía de reportes de prevención de lavado de dinero correspondientes al ejercicio 2018; en 2022, la empresa recibió una sanción económica por información que la autoridad calificó como falsa, imprecisa e incompleta.
La empresa también fue contratada para dispersar recursos mediante tarjetas de prepago en la administración de Segalmex-Liconsa. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en la Cuenta Pública 2020 de Liconsa corresponden a esa entidad y no establecen, por sí mismas, responsabilidad de Broxel.
La diferencia entre las cifras sobre las tarjetas y los antecedentes regulatorios de la proveedora mantienen el foco en la transparencia de la operación. La bancada sostuvo que se trata de un adelanto de prerrogativas; la cantidad distribuida, según las versiones disponibles, no coincide.