La jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó y envió al Congreso local una propuesta de reforma constitucional que busca limitar el aumento anual de las rentas de vivienda para que no supere la tasa de inflación del año anterior.
La iniciativa, descrita por la administración capitalina como parte de una próxima “Ley de rentas justas, razonables y asequibles”, propone además la creación de un registro digital de contratos y de una institución pública encargada de mediar en las relaciones entre arrendadores e inquilinos, así como medidas para impulsar la oferta de vivienda social y combatir la gentrificación.
La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México criticó la propuesta, advirtiendo que imponer topes de precio puede generar desincentivos a la inversión, fomentar la informalidad y, según sus legisladores, terminar favoreciendo a grupos de presión o a ocupaciones no reguladas. Desde el gobierno local, diputados y representantes del partido en el poder defendieron la medida como necesaria para proteger el derecho a la vivienda.
La propuesta ahora seguirá su trámite legislativo en el Congreso capitalino; las autoridades han señalado que la reforma forma parte de una ruta para normar el mercado de alquileres y ampliar la vivienda pública, mientras que la oposición pide revisar el alcance y los efectos económicos de las medidas propuestas.
