El 22 de abril de 2026 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional que plantea que los incrementos anuales en la renta de vivienda no puedan superar la tasa de inflación del año anterior, según la cifra oficial del INEGI.
La propuesta forma parte de la llamada “Ley de Rentas Justas” y apunta a frenar la gentrificación y la pérdida de arraigo en zonas con alta presión inmobiliaria. Además del tope a los aumentos, la iniciativa busca ampliar la oferta de vivienda social, obligar al registro de contratos de arrendamiento y crear una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional con mandato conciliador.
La iniciativa también propone incorporar el derecho al arraigo vecinal en la Constitución local para proteger a las comunidades frente al desplazamiento por la escalada de precios en barrios centrales.
El documento fue turnado a comisiones del Congreso de la Ciudad de México —entre ellas, Puntos Constitucionales y Vivienda— para su análisis y dictamen.
Los siguientes pasos serán la discusión y el análisis legislativo en las comisiones correspondientes; el avance dependerá del calendario del Congreso y de los posibles periodos extraordinarios o del siguiente periodo ordinario de sesiones.
