El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que modifica el artículo 127 de la Constitución para limitar las llamadas “pensiones doradas” de extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, imponiendo un tope equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal (alrededor de 70,000 pesos mensuales según reportes).
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y previamente aprobada por el Senado, incluye además disposiciones para que las pensiones vigentes que excedan ese límite sean ajustadas, lo que diversos medios han descrito como una aplicación de carácter retroactivo sobre montos que actualmente superan el tope propuesto.
Durante la discusión en San Lázaro se documentaron distintas versiones sobre las cifras de votación: algunos medios reportaron una votación amplia a favor con altas mayorías, mientras que otros dieron conteos distintos; los reportes difieren en el número exacto de votos a favor y abstenciones en las actas periodísticas consultadas.
Tras la aprobación legislativa federal, congresos locales han emitido sus avales: distintos estados —entre ellos Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México— han aprobado la reforma, según registros periodísticos, lo que completa o supera el mínimo constitucional necesario para su validación en términos de la fracción correspondiente del artículo 135.
Quedan por definirse los pasos administrativos finales: una vez que se reúna el cómputo de las aprobaciones locales y, en su caso, se emitan las declaratorias formales por parte de las cámaras, el decreto podrá ser remitido para su publicación y entrada en vigor conforme al procedimiento constitucional.
Quienes promovieron la reforma han argumentado que limitar estas pensiones permitirá ahorro fiscal y una redistribución de recursos hacia programas sociales; mientras tanto, opositores y analistas han planteado dudas sobre la retroactividad y el tratamiento de derechos adquiridos, materia que seguirá presente en el debate público y en posibles recursos legales.
