El fortalecimiento de las policías, fiscalías y centros penitenciarios continúa sin respaldo presupuestal suficiente, de acuerdo con el diagnóstico difundido el 2 de septiembre de 2026, en el que también se reportan 637 agentes de seguridad pública asesinados, 20 mil 314 personas desaparecidas y al menos 617 fosas clandestinas durante el actual sexenio.
El señalamiento ocurre en el contexto del Segundo Informe de Gobierno y advierte que los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública no se han traducido en recursos suficientes para profesionalizar, certificar y desarrollar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
Corporaciones locales enfrentan carencias
Los fondos federales destinados a las policías estatales y municipales permanecen por debajo de las necesidades operativas. Además, la mitad de las corporaciones estatales carece de sistemas de carrera y varias academias enfrentan limitaciones de equipamiento e infraestructura.
También persisten incumplimientos en materia de seguridad social, certificación y evaluación del uso de la fuerza. En el ámbito municipal, la falta de registros públicos actualizados dificulta conocer las condiciones en las que operan las mil 574 corporaciones policiales del país.
La precariedad laboral se ha reflejado en al menos 126 movilizaciones de policías durante el sexenio: 60 manifestaciones, 58 paros de labores y ocho emplazamientos a paro.
Fiscalías y sistema penitenciario, entre los pendientes
Las fiscalías enfrentan falta de autonomía, cargas de trabajo elevadas y deficiencias en los sistemas de carrera, formación y certificación de ministerios públicos, policías de investigación y peritos. Al cierre de 2024, acumulaban un rezago de 2.1 millones de carpetas de investigación, de acuerdo con el balance difundido.
En los centros penitenciarios, la población privada de la libertad aumentó 16 por ciento durante el actual sexenio. Del total de 272 mil 448 personas encarceladas señalado en el diagnóstico, 118 mil 266 permanecían sin sentencia.
El documento también advierte insuficiencias en las instituciones encargadas de atender a víctimas y buscar a personas desaparecidas. La falta de recursos y capacidades mantiene abiertos los pendientes de seguridad pública, procuración de justicia y atención a las familias afectadas.