La administración de la Ciudad de México propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para aplicar sanciones individualizadas, tomando en cuenta las circunstancias de cada infracción y las condiciones de la persona involucrada. La iniciativa fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso capitalino.
El planteamiento busca modificar un modelo centrado únicamente en multas, arrestos o trabajo comunitario, para incorporar medidas de prevención, mediación, reparación y atención de las causas que originan los conflictos cívicos.
Como parte de la propuesta se contempla crear la figura de agentes psicosociales restaurativos en los juzgados cívicos. Estos servidores realizarían tamizajes y evaluaciones para identificar factores emocionales, sociales o de riesgo relacionados con la conducta que derivó en la infracción.
A partir de esas evaluaciones, las personas podrían ser canalizadas a servicios psicológicos, sociales, educativos, laborales o terapéuticos, incluidos aquellos relacionados con la atención de adicciones. El objetivo es evitar que la sanción se limite a castigar una conducta sin atender las causas que podrían favorecer su reincidencia.
Audiencias y atención de conflictos comunitarios
La reforma también considera audiencias orales y públicas para que las partes expongan su versión de los hechos y la persona juzgadora determine la infracción y la medida correspondiente. El mecanismo podría aplicarse tanto a casos con personas detenidas como a denuncias relacionadas con conflictos comunitarios sin detención.
Entre las conductas que se busca atender mediante este modelo se encuentran las riñas, la intimidación, el maltrato, el consumo de alcohol o sustancias en espacios públicos, los cobros coercitivos por estacionamiento, el maltrato animal, los daños, las pintas y la acumulación de basura o desechos.
La propuesta también plantea dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y reducir la presencia de policías en los juzgados cívicos cuando no sea indispensable. De acuerdo con el proyecto, la finalidad es fortalecer la mediación, la reparación del daño y la prevención de conflictos que puedan escalar a conductas delictivas.
La iniciativa deberá ser analizada y, en su caso, discutida y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.