El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó el alcance de la iniciativa de reforma al Poder Judicial y advirtió que, tal como está planteada, no garantiza la independencia ni resuelve los problemas estructurales que alimentan la impunidad en México.
La organización afirmó que la discusión se ha concentrado en la estructura del Poder Judicial mientras que las fiscalías —responsables centrales de la investigación y persecución del delito— permanecen sin reformas profundas. Por ello consideró que fortalecer a las fiscalías debería ser una prioridad para mejorar el acceso a la justicia.
Entre las preocupaciones citó la forma en que se evaluarán y elegirán a las personas juzgadoras, el posible riesgo de politización al realizar elecciones concurrentes con procesos políticos y cambios propuestos en los comités de evaluación. También puso en duda la propuesta de integrar órganos con perfiles híbridos que combinarían integrantes de carrera y externos.
La organización llamó a abrir un diálogo más amplio y técnico que incluya a organizaciones de la sociedad civil y a especialistas, y propuso revisar plazos y procedimientos para evitar que la reforma deteriore la autonomía judicial o deje intactas las fallas en la investigación y persecución del delito.
El llamado busca que cualquier modificación al sistema de justicia vaya acompañada de medidas concretas para mejorar la capacidad investigativa y forense de las fiscalías, así como garantías que impidan la captura política del Poder Judicial.
