El Órgano de Administración Judicial (OAJ) concluyó la relación laboral de 43 personas que desempeñaban funciones de trabajo social en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) a fines de junio de 2026. Del total, 39 eran mujeres, según reportes del personal afectado.
El grupo despedido realizaba estudios socioeconómicos, elaboraba dictámenes sociales, identificaba condiciones de vulnerabilidad y brindaba acompañamiento a personas en situación de riesgo, entre ellas víctimas de violencia, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes y personas privadas de la libertad.
Asociaciones de juezas y jueces, así como organizaciones civiles, expresaron su rechazo y señalaron que la decisión podría afectar la calidad de la defensoría pública y el acceso de poblaciones vulnerables a la justicia. Voces del personal reportaron que algunas de las notificaciones se comunicaron de forma verbal y que hay empleados próximos a la jubilación y con enfermedades crónicas entre los cesados.
Hasta el cierre de esta nota, el IFDP y el Órgano de Administración Judicial no habían emitido un pronunciamiento público que explique las causas de los ceses ni el número exacto de plazas afectadas. Algunas versiones internas mencionan distintos conteos del personal separado, lo que ha generado incertidumbre sobre el alcance real de los recortes.
El desplazamiento del área de trabajo social del IFDP plantea preguntas sobre cómo se cubrirán las funciones que favorecen la construcción de estrategias jurídicas y la canalización a servicios públicos para personas en vulnerabilidad. Las y los trabajadores afectados analizan posibles recursos legales y organizaciones defensoras piden claridad y medidas de reparación para garantizar la continuidad de la atención.
