China puso en vigor este martes 15 de septiembre de 2026 nuevas reglas de administración fronteriza que permiten impedir la salida del país a ciudadanos involucrados en actividades ilegales que pongan en riesgo la seguridad nacional, industrial o tecnológica.
La normativa forma parte de una reforma más amplia de los controles de entrada y salida. Su aplicación ocurre en un contexto de mayor preocupación de Beijing por la transferencia de tecnología y por las actividades transfronterizas vinculadas con delitos, apuestas ilegales y estafas.
Restricciones para ciudadanos chinos
De acuerdo con las nuevas disposiciones, una persona que participe en actividades delictivas en el extranjero y que ponga en peligro la seguridad nacional podría tener prohibido volver a salir de China durante un periodo de seis meses a tres años, contado a partir de su regreso.
También se contempla la restricción de salida para ciudadanos que infrinjan normas de importación o exportación de tecnología cuando las autoridades determinen que esas acciones pueden afectar la seguridad industrial o tecnológica del país.
Medidas para viajeros extranjeros
Las reglas incluyen disposiciones para limitar la entrada de extranjeros durante periodos de uno a cinco años cuando proporcionen información falsa en una solicitud de visa o ante las autoridades fronterizas.
Además, las autoridades podrán revisar con mayor atención las razones de viaje y solicitar documentos, materiales o información adicional durante los trámites migratorios y las inspecciones fronterizas.
El gobierno asegura que no afectará a viajeros comunes
La Administración del Ciberespacio de China señaló que las medidas están dirigidas a personas relacionadas con actividades transfronterizas ilegales y no a ciudadanos que viajan al extranjero por motivos legítimos.
La normativa también busca prevenir que ciudadanos sean engañados para viajar a otros países y posteriormente sean obligados a participar en operaciones de apuestas ilegales o redes de fraude telefónico y en línea.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones, China amplía los supuestos legales para controlar la salida de personas cuando exista un posible riesgo para la seguridad nacional o los intereses tecnológicos e industriales del país.