La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos incorpore mecanismos concretos para proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de las comunidades y garantizar la participación efectiva de los pueblos originarios en el proceso de consulta que comenzó el 29 de junio de 2026.
En su pronunciamiento, la CNDH recordó su Recomendación General 35/2019 sobre casos de apropiación y explotación comercial de diseños, textiles y saberes tradicionales, y sostuvo que la nueva ley es una oportunidad para reconocer la autoría colectiva y los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural.
El organismo pidió también que la legislación incluya garantías para el consentimiento previo, libre e informado cuando las comunidades decidan aprovechar comercialmente elementos de su cultura, así como mecanismos que aseguren una distribución justa de los beneficios y medidas de reparación frente a afectaciones económicas y morales por apropiación indebida.
Además, la CNDH planteó fortalecer al Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas mediante más recursos, consolidación de su registro nacional y la expedición de su reglamento; y solicitó incorporar una perspectiva de género y el reconocimiento de personas de la diversidad sexual y de género dentro de los pueblos y comunidades.
La convocatoria para la consulta fue firmada por la Presidencia de la República y, según comunicados oficiales, el proceso abarcará a los 69 pueblos indígenas, al pueblo afromexicano y a más de 16,700 comunidades registradas, con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2026.
Organismos de derechos humanos y autoridades federales seguirán de cerca el desarrollo de las asambleas y mesas de trabajo para verificar que se cumplan las condiciones materiales, lingüísticas y culturales necesarias para una participación plena. El gobierno prevé presentar, en su caso, la iniciativa resultante ante el Congreso en una fecha señalada el 12 de octubre de 2026.
