El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) decidió el 2 de abril de 2026 solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, tras considerar que la información recibida contiene indicios fundados de que se han cometido desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su discrepancia con las conclusiones del CED en un posicionamiento publicado a inicios de abril de 2026, al señalar que el dictamen se apoyó en posturas “sesgadas” de organizaciones civiles y que no agotó previamente las instancias nacionales, por lo que rechazó parte de las conclusiones del Comité.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) valoró la medida del CED como una oportunidad para abrir un diálogo constructivo y participativo que permita fortalecer una política integral de Estado para la localización de personas y la atención a víctimas, y subrayó la necesidad de cooperación técnica entre instancias nacionales e internacionales.
Las posiciones públicas contrastan con el argumento central del CED: el órgano de la ONU basó su solicitud en información recibida durante su trabajo, incluidos informes de organizaciones de la sociedad civil y el examen de información histórica y de visitas al país.
Además de las posturas de la CNDH y la CDHCM, el Ejecutivo federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores emitieron comunicados rechazando el informe del Comité por considerarlo parcial y sin rigor jurídico, mientras que organizaciones civiles y colectivos de familiares de desaparecidos han respaldado el diagnóstico del CED y pedido medidas efectivas.
La discrepancia entre el organismo nacional y la comisión capitalina pone en relieve la tensión entre enfoques institucionales sobre cómo responder al señalamiento internacional y subraya la demanda de familiares y organizaciones por acciones más coordinadas, transparencia en las investigaciones y mecanismos que garanticen verdad y justicia.
