La Central Obrera Boliviana (COB) acordó en asamblea, celebrada el domingo 31 de mayo de 2026 en La Paz, no participar en la mesa de diálogo convocada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz y prolongar los bloqueos de carreteras que dificultan la movilidad en varias zonas del país.
Los dirigentes de la COB condicionaron cualquier negociación a la anulación de mandamientos de aprehensión contra líderes sindicales, entre ellos el secretario ejecutivo Mario Argollo, y a la liberación de trabajadores detenidos durante las protestas.
Las medidas de presión han provocado cortes en el suministro de combustibles y dificultades en el acceso a servicios básicos en La Paz; medios internacionales y locales informan que los bloqueos llevan semanas y han aislado la capital.
La situación escaló luego de la promulgación de una norma que autoriza una mayor intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, lo que elevó la tensión entre el Ejecutivo y sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente.
La protesta agrupa a sindicatos, maestros, mineros, transportistas y campesinos que acusan al gobierno de aplicar medidas punitivas en lugar de diálogo; la COB anunció que mantendrá las medidas hasta obtener garantías sobre aprehensiones y liberaciones.
