Colectivos y organizaciones indígenas denunciaron que los ataques atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos” en la Montaña Baja de Guerrero, iniciados a principios de mayo de 2026, han provocado desplazamientos masivos y un clima de inseguridad que no se resuelve con la presencia militar anunciada por el gobierno federal.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación‑Sexta y del Concejo Indígena y Popular de Guerrero‑Emiliano Zapata (Cipog‑EZ) afirmaron que los ataques han dejado decenas de víctimas y que existen más de 1,000 personas desplazadas de varias comunidades nahuas; señalaron además que la respuesta oficial es insuficiente y la calificaron como un “show mediático”.
El gobierno federal y estatal anunciaron el despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales para “controlar” la zona y proteger a la población; las autoridades dijeron que priorizaron evitar una confrontación que pusiera en riesgo a civiles y reconocieron el registro de desplazamientos y ataques armados en municipios como Chilapa.
Organizaciones y colectivos exigieron la desarticulación del grupo criminal, atención humanitaria para las familias desplazadas y esclarecimiento de las responsabilidades institucionales, pues acusan que la violencia en la región es un problema de larga data que no se ha atendido de raíz.
Ante la escalada de violencia, algunas comunidades han solicitado apoyo de organizaciones de derechos humanos y convocaron acciones de solidaridad y protesta en la Ciudad de México para visibilizar la situación y presionar por medidas efectivas que permitan el retorno seguro de las familias afectadas.
Contexto: la Montaña Baja de Guerrero ha vivido durante años enfrentamientos entre grupos delictivos y comunidades organizadas; en las últimas semanas los reportes de ataques, uso de drones y desplazamientos reavivaron la atención nacional sobre la crisis humanitaria en la zona.
