Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México aumentaron de un estimado de entre 60 y 70 agrupaciones en 2019 a más de 234 documentadas en 2026, mientras el país supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. Las familias, principalmente mujeres, han asumido labores de búsqueda ante las omisiones y deficiencias institucionales, pese a las amenazas y agresiones que enfrentan.
El crecimiento de estas organizaciones refleja la dimensión de la crisis de desapariciones en México. Además de localizar a sus seres queridos, las madres, esposas, hermanas e hijas buscadoras recopilan información, acompañan a otras familias y exigen investigaciones, identificación humana y atención a víctimas.
Una crisis que continúa creciendo
El registro nacional acumulaba 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas al 16 de mayo de 2026. Un mes después, la cifra llegó a 135 mil 48 casos, es decir, 791 registros adicionales.
Casi seis de cada 10 desapariciones fueron reportadas entre 2018 y mayo de 2026. Los años con más registros fueron 2024, con 12 mil 632 casos, y 2025, con 12 mil 373.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 aumentó el número de personas desaparecidas y no localizadas en 28 entidades. Campeche registró el mayor incremento porcentual, con 59 por ciento, seguido de Guanajuato, con 54 por ciento.
El Estado de México concentró el mayor número de registros, con 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas; le siguieron Tamaulipas, con 13 mil 787; Jalisco, con 12 mil 765; Michoacán, con 7 mil 782, y Nuevo León, con 7 mil 476.
Mujeres buscadoras enfrentan violencia
La violencia contra las buscadoras se suma al impacto económico, familiar y de salud provocado por la desaparición de sus seres queridos. Entre febrero de 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares y allegados de personas desaparecidas, incluidos 16 mujeres.
Las agresiones documentadas incluyen amenazas, extorsiones, ataques, desplazamiento forzado, tortura y secuestro. El 45 por ciento de las buscadoras consultadas reportó amenazas; 39 por ciento, extorsiones; 27 por ciento, ataques, y otro 27 por ciento, desplazamiento forzado.
Sólo 17 por ciento acudió ante las autoridades para denunciar las agresiones o solicitar atención. Entre las razones señaladas están la desconfianza institucional y el temor a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
El impacto también se refleja en la economía y la salud de las familias: 66 por ciento de las participantes perdió recursos económicos y 79 por ciento reportó al menos un problema de salud.
Revisión del registro y respuesta oficial
Familiares de personas desaparecidas expresaron preocupación por la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas anunciada por la Secretaría de Gobernación. En una carta dirigida a especialistas convocados para analizarlo, cuestionaron la independencia del proceso y la falta de transparencia sobre la metodología para clasificar los casos.
El Gobierno de México informó que más de 16 mil personas fueron localizadas durante 2026 y que un grupo de especialistas nacionales e internacionales revisará las metodologías del registro. También señaló que las reformas legales de 2025 obligan a iniciar una carpeta de investigación y activar la búsqueda inmediatamente después de recibir un reporte.
La estrategia oficial contempla el uso de la Plataforma Única de Identidad, la búsqueda en hospitales y centros penitenciarios, el fortalecimiento de las capacidades forenses y la operación de un centro de mando nacional durante las 24 horas.
El caso llega a Naciones Unidas
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas llevará este martes la situación de México ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, mediante el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El procedimiento puede utilizarse cuando existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado parte, después de solicitar información al gobierno involucrado.
Mientras las autoridades reportan nuevas acciones de búsqueda, las familias mantienen la exigencia de participar en las decisiones, conocer la metodología del registro y recibir protección efectiva. El aumento de los colectivos muestra que la búsqueda continúa recayendo, en gran medida, en quienes esperan encontrar a sus seres queridos.