Organizaciones y habitantes de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron que desde el 6 de mayo de 2026 el grupo criminal conocido como Los Ardillos inició una ofensiva armada contra varias comunidades, lo que provocó asesinatos, bloqueo de vías y desplazamientos forzados de pobladores.
El gobierno federal y el estado de Guerrero informaron del despliegue de fuerzas federales, estatales y federales en la zona, y señalaron que se brindó atención humanitaria a las personas afectadas. Autoridades reportaron cifras de desplazamiento relativamente bajas, mientras que organizaciones indígenas y colectivos denunciaron que el número real de desplazados es mucho mayor.
Colectivos agrupados en una misión civil de observación calificaron el envío de fuerzas y funcionarios como un “show mediático” que no ataca las causas estructurales de la violencia en la región y exigieron medidas más profundas para desarticular a los grupos criminales y proteger a las comunidades.
La crisis humanitaria en la Montaña Baja se enmarca en un conflicto armado prolongado que ha dejado decenas de muertos y varias desapariciones en años recientes. Las comunidades afectadas piden garantías de seguridad, atención a desplazados y el cumplimiento efectivo de medidas cautelares para defensores y autoridades tradicionales.
La situación continúa en evolución; el gobierno dijo que mantiene operativos y mecanismos de atención, pero colectivos y líderes comunitarios aseguran que, mientras no haya desarticulación de las células criminales, las agresiones y los desplazamientos podrían repetirse.
