El 22 de mayo de 2026 se publicó en un espacio de opinión una pieza que cuestiona la actuación y la comunicación pública de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara el 19 de abril de 2026. Ese operativo derivó en la localización y destrucción de laboratorios clandestinos y, posteriormente, en un accidente carretero que dejó cuatro víctimas —entre ellas dos ciudadanos estadounidenses— según las investigaciones oficiales.
La columna critica la serie de entrevistas y eventos en la Ciudad de México realizados por la mandataria, y afirma que esas apariciones consumieron recursos públicos mientras persistían dudas sobre la coordinación con autoridades federales y extranjeras. El texto atribuye a Campos contradicciones en sus versiones públicas sobre si tuvo o no conocimiento de la presencia de personal estadounidense durante el operativo.
En la esfera institucional, la Fiscalía abrió investigaciones y citó a declarar a personas vinculadas con el operativo. El caso ha generado un debate político sobre la soberanía y los protocolos que rigen la participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio nacional.
La controversia también ha provocado reacciones partidistas y llamados a mayor transparencia: la discusión pública se centra ahora en esclarecer quién autorizó la participación de agentes foráneos, qué información se compartió entre las autoridades y si se respetaron los procedimientos legales.
El asunto permanece bajo investigación por las fiscalías correspondientes y su evolución tendrá consecuencias políticas y legales en los próximos días o semanas.
