Esta columna plantea que apelar a la “defensa de la soberanía” como motivo para movilizaciones puede tener efectos contraproducentes: aumentar la polarización política, cerrar espacios de diálogo y desviar la atención de problemas estructurales que requieren soluciones institucionales.
El texto incorpora cifras recientes sobre incidencia de corrupción y niveles de confianza en distintas instituciones, que muestran cambios adversos entre los ejercicios comparados, y usa esos datos para argumentar que la estrategia de confrontación puede debilitar la gobernabilidad y la legitimidad pública.
En lugar de intensificar la disputa, la columna propone priorizar medidas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de servicios públicos; sostiene que la protección de la soberanía demanda políticas públicas efectivas y consensos amplios más que confrontación continua.
