Comuneros de Santa María Chimalapa anunciaron una movilización a la Ciudad de México para presentar dos amparos ante el Tribunal Superior Agrario (TSA) en contra de los ejidos chiapanecos Canaán y General Rafael Cal y Mayor.
La decisión se tomó después de que el TSA confirmara, por mayoría, la improcedencia de los juicios de nulidad promovidos por la comunidad y ordenara la afectación de parte de las tierras comunales, resolución que generó la protesta de la asamblea comunal.
La asamblea comunal informó que los amparos se presentarán una vez que el TSA reciba los escritos y los turne al Poder Judicial de la Federación para su trámite; la comunidad indicó además que marchará desde la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) hasta la sede del TSA en la Ciudad de México.
La disputa se remonta a juicios promovidos ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec y, según registros judiciales y notas periodísticas, los núcleos ejidales en conflicto fueron identificados con extensiones de 2,651 hectáreas para Canaán y alrededor de 7,400 hectáreas para Rafael Cal y Mayor, dotaciones que la comunidad de Santa María Chimalapa considera implantadas dentro de su territorio comunal.
En reacción al fallo, comuneros retuvieron al titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, el 2 de marzo de 2026; el funcionario fue liberado después de dos días, según informes oficiales y notas locales, y la asamblea responsabilizó a instancias agrarias por no gestionar la nulidad de los ejidos como lo demandan los comuneros.
Las autoridades comunales han señalado que agotarán las vías legales para defender su territorio y han difundido comunicados públicos con esa postura. Las actuaciones anunciadas —presentación de amparos y movilización en la capital— buscan que órganos jurisdiccionales federales revisen la validez de las dotaciones ejidales y su supuesta implantación en tierras comunales.
Limitaciones: la información disponible proviene de comunicados de la propia asamblea, cobertura periodística regional y boletines oficiales; en algunos puntos (por ejemplo, fechas precisas de audiencias en el Poder Judicial de la Federación o detalles del contenido de los amparos) no se han publicado documentos públicos accesibles en las notas consultadas y, por tanto, no se incluyen aquí.
La movilización y los recursos legales anunciados mantendrán el conflicto agrario en el ámbito federal y podrían derivar en nuevas resoluciones judiciales que definan la titularidad y el destino de las tierras en disputa; las partes involucradas esperan ahora el trámite judicial de los amparos y posible atención de instancias federales.
