En un pronunciamiento a inicios de mayo de 2026, habitantes de los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Teopisca, Chiapas, pidieron la suspensión inmediata de la construcción de un proyecto carretero que, afirmaron, afectaría directamente a 17 comunidades y de manera indirecta a otras 51.
Los representantes—organizados en el movimiento por la defensa del territorio—denunciaron que en los últimos dos meses personas externas y personal de la Procuraduría Agraria han ingresado a predios sin permisos comunitarios para extraer tierra y realizar estudios de suelo y mediciones topográficas.
Exigieron que se garantice una consulta previa, libre e informada conforme a estándares internacionales y que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el proyecto ejecutivo sean presentados en asambleas comunitarias, con información clara y en su lengua natal antes de cualquier autorización o trabajo en campo.
También demandaron la entrega de los planos, presupuestos, calendarios de ejecución y el trazo definitivo con el polígono de afectación, así como el cese de cualquier acción que pretenda imponer la obra mediante presiones o acuerdos individuales.
Las comunidades advirtieron que la obra pondría en riesgo manantiales, suelos, bosques y el equilibrio ecológico que sostienen sus formas de vida, y pidieron que las autoridades estatales y federales respeten los derechos colectivos y los procesos consultivos establecidos por la Constitución y convenios internacionales.
Hasta el cierre de esta nota, las comunidades mantenían su llamado a la paralización del proyecto y a la apertura de procesos de información y consulta que cumplan con los requisitos culturales y lingüísticos necesarios para el ejercicio pleno de sus derechos.
