La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a sus 32 homólogas estatales y al Servicio Nacional de Empleo a fortalecer las políticas, programas y estrategias dirigidas a reducir las barreras que enfrentan las personas jóvenes para incorporarse al mercado laboral.
El llamado busca establecer mecanismos de intermediación y vinculación laboral que faciliten el primer empleo de jóvenes y grupos vulnerables, especialmente ante la falta de experiencia, uno de los principales obstáculos para acceder a puestos formales.
El reto de la incorporación laboral
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el primer trimestre de 2025 México contaba con 30.4 millones de personas de entre 15 y 29 años. De ese universo, 15.9 millones formaban parte de la Población Económicamente Activa, equivalente a 26.3 por ciento de la fuerza laboral del país.
La información parlamentaria destaca que el acceso al primer empleo continúa siendo uno de los principales desafíos para este sector. La falta de experiencia puede generar un círculo que dificulta la contratación inicial y excluye a miles de jóvenes del mercado laboral formal.
El Congreso planteó que la coordinación entre el gobierno federal, las entidades federativas y el Servicio Nacional de Empleo debe orientarse a mejorar la vinculación entre las personas que buscan trabajo y las empresas que requieren personal.
Menor creación de puestos formales
Como parte del diagnóstico sobre la brecha laboral para el periodo 2025-2026, se señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la creación de 207 mil 604 puestos de trabajo formales durante el primer trimestre de 2026.
El registro del IMSS mostró que al 31 de marzo de 2026 había 22 millones 724 mil 680 puestos afiliados. La cifra de nuevas plazas fue considerada insuficiente frente a las necesidades de incorporación de quienes ingresan cada año a las actividades productivas formales.
El planteamiento legislativo sostiene que el talento de las juventudes no debe quedar limitado por la exigencia de contar con experiencia previa. Por ello, se propuso fortalecer los programas de capacitación, orientación e intermediación laboral para ampliar las oportunidades de acceso al empleo.
Aunque en el debate se aludió a más de 15 millones de jóvenes afectados por rezagos laborales, los datos del Inegi citados corresponden al total de jóvenes económicamente activos, no exclusivamente a personas desempleadas. La diferencia es relevante para dimensionar con precisión el problema y diseñar políticas públicas dirigidas tanto a quienes buscan su primer trabajo como a quienes laboran en condiciones precarias.