Las contralorías del Senado y la Cámara de Diputados han analizado 275 recursos de revisión en materia de transparencia desde que asumieron las funciones de autoridad garante tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sólo en un caso ordenaron modificar parcialmente una respuesta y ninguno concluyó con la revocación de la contestación inicial.
Los recursos de revisión son el mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede impugnar una respuesta cuando considera que una autoridad no entregó la información solicitada, la proporcionó de manera incompleta o la clasificó como reservada.
El Senado concentra inconformidades por gastos y contratos
Entre junio de 2025 y julio de 2026, el Senado recibió 84 recursos de revisión. De ese total, 24 fueron desechados, 43 admitidos y 17 permanecían en proceso de dictamen al momento del corte.
De los 56 recursos ya resueltos, ninguno revocó la respuesta original. En 13 casos se confirmó la contestación del Senado y en 25 se determinó el sobreseimiento, debido a que durante el trámite se amplió o complementó la información entregada.
Las solicitudes abordaron temas como los viajes en primera clase del entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; las subvenciones de los grupos parlamentarios; la contratación de asesores; los gastos de Adán Augusto López con cargo a la Cámara alta y el costo de un evento encabezado por Andrea Chávez.
También se pidió conocer el presupuesto asignado a cada grupo parlamentario durante 2023, 2024 y 2025. La respuesta remitió a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero la documentación no fue localizada; posteriormente, parte de la información fue clasificada como reservada por estar relacionada con una fiscalización en curso.
Diputados tampoco revoca respuestas
En la Cámara de Diputados se presentaron 191 recursos de revisión durante un año. De los 78 admitidos, 69 ya habían sido resueltos: en 17 expedientes se confirmó la respuesta, en 51 se decretó el sobreseimiento y en uno se ordenó modificar parcialmente la contestación.
Las inconformidades incluyeron solicitudes sobre posibles investigaciones internas por nepotismo, facturas de gastos operativos, comprobantes de recursos para asistencia legislativa y contratos de arrendamiento de casas de gestión o atención ciudadana.
En uno de los casos, un grupo parlamentario pasó de afirmar que no había localizado los comprobantes solicitados a señalar que la información estaba reservada porque formaba parte de una auditoría. El recurso fue sobreseído después de que la respuesta se amplió, sin que se resolviera de fondo la legalidad de la reserva.
Un caso con modificación parcial
La única modificación parcial identificada correspondió a una solicitud dirigida a la Auditoría Superior de la Federación sobre las denuncias penales presentadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta inicial informó el número de denuncias y los entes involucrados, pero omitió los delitos señalados y los montos del posible daño patrimonial.
Al revisar el expediente, la autoridad garante concluyó que la información era incompleta y que los montos podían obtenerse de dictámenes técnicos existentes. Por ello ordenó entregar versiones públicas de esos documentos.
El nuevo modelo trasladó las funciones de revisión a contralorías y órganos internos de control de los poderes y organismos públicos. En el caso del Congreso, estas instancias dependen administrativamente de las instituciones cuyas respuestas deben revisar, una situación que ha generado cuestionamientos sobre la independencia del mecanismo.
Mientras la Cámara de Diputados mantiene un apartado para consultar sus resoluciones, el Senado no ha difundido públicamente todos sus fallos. La falta de información sobre los criterios aplicados mantiene abierta la discusión sobre la eficacia del sistema para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información.