La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen conocido como “Plan B” de la reforma electoral y lo remitió a las legislaturas estatales para su ratificación, paso necesario para que las modificaciones constitucionales entren en vigor.
El paquete obtuvo el respaldo suficiente en el Congreso federal y, en un plazo corto, al menos 17 congresos estatales comunicaron su aprobación, cifra requerida por la Constitución para validar reformas de esa naturaleza; entre las entidades que lo respaldaron se encuentran Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.
La relevancia de la reforma radica en que introduce cambios estructurales al gobierno municipal y a las legislaturas locales que pueden aplicarse antes del proceso electoral de 2027 si se cumplen los plazos constitucionales: afecta la integración de ayuntamientos, la magnitud del gasto legislativo estatal y las condiciones salariales y de prestaciones de mandos y consejeros electorales.
En concreto, el dictamen reformador prevé que los ayuntamientos estarán integrados por un presidente municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías; obliga a las constituciones estatales a establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad; y limita las remuneraciones y prestaciones adicionales de consejeros, magistrados y titulares de áreas ejecutivas de los órganos electorales, estableciendo topes que buscan alinearlas con el artículo 127 constitucional.
Las comisiones del Senado y el pleno de la Cámara respaldaron las modificaciones en etapas previas al envío a las entidades federativas, según comunicados oficiales. Los promotores del Plan B sostienen que las medidas buscan austeridad, reducir privilegios y reasignar recursos hacia programas sociales.
Por su parte, críticos y algunos especialistas advierten riesgos técnicos y efectos no previstos: analistas legislativos señalaron que la regla del 0.70% podría obligar a ciertos congresos que hoy operan por debajo de ese umbral a aumentar su gasto, y que la unificación de límites en número de regidores puede generar ajustes administrativos que incrementen la burocracia en municipios con estructuras distintas.
El proceso constitucional exige que, tras la ratificación por al menos 17 congresos estatales, se concrete la declaratoria de validez y se publiquen las reformas para que las entidades operen las adecuaciones legales correspondientes. El plazo legal para que reformas electorales sean aplicables en el calendario de 2027 condiciona la rapidez con la que los estados deberán ajustar constituciones y leyes locales.
Los próximos pasos incluyen la validación formal por parte del Congreso federal y la publicación en el Diario Oficial de la Federación; además, las legislaturas estatales deberán aprobar las adecuaciones constitucionales y su legislación secundaria para instrumentar los cambios en la integración de ayuntamientos, topes presupuestales y normas sobre remuneraciones.
La implementación práctica y sus efectos presupuestarios y administrativos serán observados de cerca en los siguientes meses, cuando las entidades definan cómo traducir los nuevos límites constitucionales a sus marcos normativos locales.
