Desde hace semanas, protestas y bloqueos en distintas carreteras de Bolivia han escalado hasta sumar alrededor de 150 puntos de corte que impiden el paso de vehículos hacia La Paz y otras zonas andinas del país. Las movilizaciones reúnen a sectores como choferes, campesinos, mineros y trabajadores que exigen cambios en el gobierno y el respeto a acuerdos previos.
La petrolera estatal reportó que más de 1,600 cisternas con combustible no han logrado ingresar a plantas y terminales debido a los cortes de ruta, lo que ha agravado el desabasto en la sede de Gobierno y El Alto. Por seguridad, algunas empresas suspendieron despachos hacia zonas bloqueadas.
Las autoridades sanitarias informaron que ambulancias de al menos cinco municipios de la provincia Sur Yungas permanecen varadas en La Paz por falta de combustible, y que a causa de esa limitación se han registrado muertes por demora en la atención médica. El mando policial señaló además que en un operativo reciente una persona falleció por una trayectoria de proyectil que, según sus peritajes preliminares, no provino del lado de las fuerzas del orden.
En el plano político, la Asamblea Legislativa tomó la decisión de eliminar restricciones que regulaban la declaratoria del estado de excepción, y el Ejecutivo recibió la norma para su trámite. Con ese cambio legal, la Presidencia tiene ahora mayor capacidad para autorizar medidas extraordinarias, incluida la posible intervención coordinada de las fuerzas armadas en operaciones de control de vías y protección de infraestructuras críticas.
Organizaciones sociales y autoridades mantienen llamados cruzados: dirigentes exigen la renuncia del Ejecutivo y llaman a mantener las medidas de presión, mientras el Gobierno insiste en la apertura de corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos, medicinas y ambulancias. La situación continúa en desarrollo y las autoridades anunciaron más acciones para restablecer el orden y garantizar el suministro.
