La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero ordenó medidas de protección a favor del reportero Pedro Montaño el 16 de junio, tras denuncias de amenazas recibidas el 9 de junio; sin embargo, hasta la fecha las acciones ordenadas no se han materializado y el periodista permanece en situación de vulnerabilidad.
El 9 de junio Montaño, corresponsal de API Guerrero, denunció haber recibido una llamada en la que un individuo se identificó como miembro de un grupo criminal y sostuvo que conocía datos personales del periodista y de su domicilio. Tras la amenaza, activó el botón de pánico proporcionado por el mecanismo de protección federal y recibió atención policial.
La orden de la fiscalía contempla medidas previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales por un periodo de 60 días; no obstante, el paquete de protección todavía no ha sido ejecutado, lo que mantiene al comunicador en riesgo, según el reclamo presentado ante autoridades estatales.
El propio periodista presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero el 10 de julio para solicitar medidas cautelares, pero dicha queja no ha recibido confirmación de recepción por parte del organismo, según la denuncia sobre la omisión institucional.
En el contexto local, Guerrero ha sido escenario de múltiples agresiones contra periodistas, por lo que la falta de implementación de medidas de protección genera preocupación sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes cubren la información en la entidad.
Las autoridades estatales y los responsables del mecanismo de protección aún no han emitido una versión pública que confirme los pasos tomados para ejecutar la orden judicial; la situación deja pendiente la adopción de medidas urgentes que desactiven el riesgo manifiesto contra el comunicador.
