El primer juicio de amparo promovido contra la suspensión del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desechado por un juez federal, quien consideró que la aspirante todavía no tenía la calidad jurídica de alumna y que la institución cuenta con autonomía para establecer sus requisitos de ingreso.
La demanda fue presentada el 4 de agosto por Brenda Haydde Balderas García, quien acreditó el examen de ingreso y reclamó la decisión relacionada con la suspensión del proceso de admisión. El recurso fue dirigido contra el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas.
Ulises Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, determinó que el juicio debía desecharse de plano debido a una causa manifiesta de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.
El juzgador sostuvo que las universidades públicas autónomas tienen independencia para definir los términos y condiciones de los servicios educativos que prestan, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, conforme al marco constitucional y a los criterios jurisprudenciales aplicables.
De acuerdo con el criterio utilizado en la resolución, la negativa de admitir a una persona que no ha sido incorporada formalmente como estudiante no constituye, en estos casos, un acto de autoridad impugnable mediante juicio de amparo. Los aspirantes tienen derecho a ser considerados conforme a las reglas de selección de la institución, pero la calidad de alumno surge hasta que existe una admisión expresa y una inscripción.
Por esa razón, el juzgado concluyó que Balderas García aún no contaba con los derechos y obligaciones propios de una alumna de la UNAM, por lo que carecía de la condición jurídica necesaria para impugnar la decisión mediante esa vía.
La resolución ocurre después de que la UNAM suspendió temporalmente parte del proceso de inscripción de nuevo ingreso para revisar posibles irregularidades detectadas en el examen de admisión aplicado en línea. La universidad informó que establecería medidas para revisar los casos involucrados y dar continuidad al proceso.
El desechamiento de este recurso no impide que puedan presentarse otros medios de defensa, aunque cada caso deberá analizarse conforme a sus propios actos reclamados, circunstancias y requisitos de procedencia.