Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado anteriormente con los gobiernos de Javier Milei, en Argentina, y Rodrigo Paz, en Bolivia, fue detenido el 18 de agosto de 2026 en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. La aprehensión ocurrió dentro de una investigación por el ataque armado contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.
La Fiscalía boliviana investiga el caso como una presunta tentativa de feminicidio. Beller sobrevivió a un ataque en el que recibió tres disparos y permanece bajo atención médica, mientras las autoridades buscan determinar la identidad de los autores materiales y establecer si Cerimedo tuvo alguna participación en los hechos.
El caso adquirió una dimensión política por la relación que Cerimedo mantuvo con sectores de la derecha argentina y boliviana. El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, afirmó que el consultor tuvo influencia en decisiones de comunicación y en la designación de funcionarios, por lo que pidió esclarecer cómo llegó al país y bajo qué condiciones operaba cerca del Ejecutivo.
Investigación y reclamos de transparencia
El Gobierno boliviano solicitó una investigación seria y profunda, además de sostener que nadie está por encima de la ley. Lara también demandó un proceso transparente, imparcial y sin privilegios para determinar las responsabilidades correspondientes.
La audiencia cautelar prevista para el 20 de agosto fue aplazada debido a la ausencia de la comisión de fiscales. La nueva fecha quedó programada para el viernes 21 de agosto, mientras Cerimedo continúa detenido en Santa Cruz.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante sus conferencias recientes y cuestionó la actividad pública de Javier Negre, socio de Cerimedo en proyectos de comunicación política y mediática. El episodio volvió a colocar en el debate regional el uso de campañas digitales, redes sociales y operadores externos en la disputa política.
Hasta ahora, la investigación judicial en Bolivia continúa abierta. La situación jurídica de Cerimedo deberá definirse ante las autoridades competentes, sin que la detención implique por sí misma una sentencia sobre su responsabilidad.