El 1 de mayo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplía el alcance de las sanciones contra el Gobierno de Cuba, habilitando a agencias federales a imponer medidas contra personas, entidades y sectores económicos vinculados con el régimen.
El gobierno cubano reaccionó en los días siguientes. El presidente Miguel Díaz‑Canel rechazó las nuevas sanciones y las describió como un castigo colectivo que busca presionar al país y provocar un supuesto cambio de régimen; sus declaraciones fueron pronunciadas en un encuentro con grupos de solidaridad en La Habana.
La orden ejecutiva y la ficha informativa de la Casa Blanca mencionan que las medidas afectan, entre otros, a actores relacionados con seguridad, energía, minería y servicios financieros, y otorgan a las autoridades estadounidenses facultades para bloquear activos y aplicar sanciones adicionales.
La respuesta oficial cubana incluyó llamados a la movilización y críticas a lo que describieron como“una política de injerencia”. Autoridades de La Habana sostuvieron que las medidas agravarán la situación económica y social de la población.
La anunciada ampliación de sanciones se produce en un contexto de alta tensión bilateral marcado por declaraciones públicas del presidente estadounidense y manifestaciones en Cuba en los días previos y posteriores a la orden.
Información adicional: la orden ejecutiva fue publicada por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro; medios internacionales han cubierto las reacciones de ambos gobiernos en los días posteriores.
