El 1 de mayo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el gobierno cubano, incluidas medidas dirigidas a funcionarios y a sectores clave de la economía, así como a empresas y bancos extranjeros que hagan negocios con la isla.
Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel rechazó la medida y la calificó de “castigo colectivo” y de una injerencia unilateral en los asuntos de otros países; además pidió a gobiernos y organizaciones internacionales que no permitan estas prácticas coercitivas.
La orden ejecutiva de la Casa Blanca amplía el alcance de las penalizaciones y autoriza, entre otras acciones, el bloqueo de activos vinculados con el régimen cubano en territorio estadounidense y sanciones contra entidades consideradas responsables de la represión o de amenazas a la seguridad nacional de EE. UU.
Analistas y medios internacionales señalaron que la ampliación de sanciones incluye herramientas para afectar a bancos y empresas extranjeras que comercien con Cuba, y que la medida ya ha tensado relaciones con países proveedores de hidrocarburos para la isla, que en algunos casos suspendieron envíos ante la amenaza de penalizaciones.
La decisión llega en un momento de alta tensión diplomática entre Washington y La Habana y se produce tras una serie de sanciones impuestas desde principios de 2026, según reportes oficiales.
Las repercusiones de la orden ejecutiva se seguirán de cerca en la región y en foros internacionales, donde Cuba y sus aliados han advertido sobre el impacto humanitario y económico de las nuevas restricciones.
