El 1 de mayo de 2026 la administración de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que amplía sanciones contra Cuba, incluyendo nuevas restricciones dirigidas a personas, entidades y sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.
En el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado a inicios de mayo, el presidente Miguel Díaz‑Canel rechazó las medidas y calificó las acciones de Washington como “castigos colectivos” e injerencia. Advirtió que la comunidad internacional no debe tolerar este tipo de medidas, que a su juicio ponen en riesgo la estabilidad y los ingresos de la isla.
La orden ejecutiva, publicada por la Casa Blanca el 1 de mayo de 2026, autoriza además la aplicación de sanciones secundarias contra terceros que comercien o faciliten transacciones con los objetivos designados. El texto oficial señala que las medidas buscan presionar al gobierno cubano por acciones que, según la administración estadounidense, afectan la seguridad nacional y violan derechos humanos.
La reacción pública del gobierno cubano se sumó a reportes internacionales que documentan el alcance de la nueva batería de sanciones y las fuertes declaraciones del presidente estadounidense sobre la política hacia la isla. Fuentes internacionales y agencias informativas han cubierto el anuncio y las respuestas de La Habana en los días posteriores a la firma de la orden.
Este desarrollo ocurre en un contexto de mayor tensión entre Washington y La Habana, con implicaciones para bancos y empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con Cuba y para el acceso de la isla a recursos energéticos y financieros clave.
