La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que la llamada “estafa romance” sea reconocida como una forma de violencia económica y patrimonial contra las mujeres.
La propuesta busca atender los casos en los que una persona establece un vínculo afectivo con una mujer, obtiene su confianza mediante engaños o manipulación emocional y después la induce a entregar dinero, solicitar préstamos, contraer deudas o ceder bienes.
La iniciativa busca cerrar vacíos legales
De acuerdo con el planteamiento, estas conductas no deben analizarse únicamente como un fraude económico, debido a que el vínculo sentimental se utiliza como mecanismo para obtener recursos. La reforma pretende que las entregas de dinero aparentemente voluntarias puedan ser revisadas considerando el proceso de manipulación afectiva y abuso emocional.
El proyecto plantea modificar el marco jurídico de la Ciudad de México en materia de violencia contra las mujeres y establecer consecuencias penales para quienes utilicen una relación de confianza para afectar la estabilidad financiera o patrimonial de sus víctimas.
La propuesta también busca evitar que los agresores justifiquen estas acciones como préstamos consensuados o acuerdos entre pareja, una situación que, según la exposición de motivos, puede dificultar la denuncia y la reparación del daño.
Una modalidad basada en el engaño afectivo
La estafa romance puede comenzar mediante redes sociales, aplicaciones de citas o relaciones presenciales. El agresor suele construir una relación de confianza y posteriormente presenta supuestas emergencias, necesidades económicas o proyectos para obtener dinero y bienes.
La iniciativa señala que las víctimas pueden quedar con deudas, pérdida de patrimonio y dependencia económica, además de enfrentar vergüenza, ansiedad, aislamiento o temor a denunciar. Por ello, el reconocimiento expreso de esta conducta busca fortalecer las herramientas legales de protección para las mujeres.
El planteamiento deberá ser analizado por el Congreso capitalino antes de convertirse en una reforma vigente. Mientras tanto, la propuesta coloca la manipulación afectiva utilizada para obtener recursos como un problema de violencia patrimonial y económica que requiere atención jurídica específica.