La diputada local del PAN, Laura Álvarez, presentó el 10 de septiembre de 2026 una iniciativa para restringir el uso de teléfonos celulares durante las horas efectivas de clase en primarias y secundarias públicas y privadas de la Ciudad de México. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.
El proyecto plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital para que los dispositivos permanezcan apagados, en modo avión o bajo resguardo durante las clases. La medida no impediría que los estudiantes lleven los equipos dentro de los planteles.
Excepciones previstas en la iniciativa
La propuesta contempla permitir el uso de celulares cuando exista una finalidad pedagógica o cuando los equipos sean proporcionados por la institución para actividades de enseñanza-aprendizaje.
- Situaciones de emergencia, protección civil o seguridad escolar.
- Razones médicas o necesidades relacionadas con una discapacidad.
- Situaciones familiares excepcionales justificadas ante la dirección del plantel.
- Uso autorizado en tiempos y espacios distintos al aula, conforme al protocolo correspondiente.
De acuerdo con la iniciativa, las autoridades educativas tendrían que establecer protocolos para definir los momentos y espacios en que se permitiría la comunicación personal mediante estos dispositivos.
Argumentos de la legisladora
Laura Álvarez sostuvo que la presencia constante de los celulares puede interferir con el aprendizaje, debilitar la convivencia presencial y exponer a niñas, niños y adolescentes a contenidos inapropiados, contacto con desconocidos, acoso y otras situaciones de riesgo.
“La precaución mínima es impedir que este distractor forme parte de su momento formativo”, afirmó la diputada durante la presentación de la propuesta.
La iniciativa también incorpora el derecho de niñas, niños y adolescentes a utilizar las tecnologías de manera segura y plantea que las autoridades promuevan un entorno digital responsable dentro de las escuelas.
Posibles sanciones
El proyecto contempla sanciones para los planteles que incumplan las disposiciones, desde amonestaciones por escrito hasta multas de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a alrededor de 586 mil 550 pesos, de acuerdo con el texto presentado.
La propuesta deberá ser revisada por las comisiones del Congreso de la Ciudad de México antes de que el pleno determine si la aprueba, modifica o desecha.