Un proyecto de ley presentado por el diputado boliviano Néstor Rodríguez, del partido Alianza de Unidad, propone medidas para la "reinserción social" de personas en situación de calle y con problemas de drogodependencia que incluyen, en determinados casos, controles de la natalidad y la posibilidad de esterilización.
La iniciativa fue dada a conocer el 15 de julio de 2026 y provocó una reacción inmediata: la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de la sociedad civil rechazaron la propuesta y advirtieron que cualquier medida que implique la esterilización forzada constituiría una violación de derechos humanos.
En sus declaraciones públicas, Rodríguez defendió el proyecto y aseguró que la propuesta forma parte de un Programa Nacional Integral de Reinserción Social que contempla registro, atención médica, tratamiento contra adicciones, educación, capacitación laboral y seguimiento por parte de instituciones especializadas.
Ante las críticas, el parlamentario señaló que el término 'esterilización' podría ser sustituido por referencias a métodos anticonceptivos permanentes y sostuvo que cualquier medida relacionada con la reproducción sería considerada solo después de agotar etapas del proceso propuesto.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y la Defensoría recordaron sentencias y principios internacionales que prohíben la esterilización forzada y subrayaron que las decisiones sobre la salud reproductiva deben basarse en el consentimiento libre, pleno e informado de la persona afectada.
El caso motivó protestas en redes y pronunciamientos institucionales a mediados de julio de 2026; el diputado anunció además una serie de reuniones con autoridades y actores sociales para discutir modificaciones al texto y recoger observaciones.
El debate sobre la propuesta abre cuestionamientos sobre la protección de derechos básicos de personas en situación de vulnerabilidad, los límites de la intervención estatal en la salud reproductiva y las alternativas de políticas públicas orientadas a la reinserción sin afectar garantías fundamentales.