El diputado local Venustiano Pérez Sánchez presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California Sur con el fin de tipificar la conducta conocida como “corrupción inmobiliaria”. La propuesta busca sancionar penalmente a servidores públicos, particulares y agentes inmobiliarios que participen en ventas fraudulentas, cambios irregulares de uso de suelo y construcciones fuera de norma.
La iniciativa plantea, además, incorporar esa conducta como falta administrativa grave en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y los Municipios, con medidas que incluyen multas, la cancelación de licencias y sanciones penales en los casos que ameriten proceso.
Quienes promueven la reforma argumentan que en municipios turísticos como Los Cabos y La Paz el crecimiento urbano acelerado ha generado conflictos por despojos, fraudes y autorizaciones irregulares. Con la modificación, buscan dar herramientas legales para sancionar actos que afectan la tenencia de la tierra, la planeación urbana y la seguridad jurídica de los propietarios.
La iniciativa fue presentada en sesión ordinaria y turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen. De avanzar, implicaría la adición de artículos al Código Penal estatal y cambios en el régimen de responsabilidades administrativas.
