La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que establece un tope a las llamadas “pensiones doradas”, fijando el límite en el 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, equivalente a alrededor de 70,000 pesos mensuales, según los documentos legislativos consultados.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya había sido aprobada previamente por el Senado; el dictamen contempla excepciones específicas y deberá ser ratificado por al menos 17 congresos estatales antes de convertirse en ley.
El cambio legislativo forma parte de una política para contener el gasto público: diversas fuentes estiman que el tope podría generar ahorros del orden de 5,000 millones de pesos anuales, monto que se ha planteado destinar a programas sociales y a la reducción de privilegios percibidos en pensiones altas.
La propuesta y su avance en el Congreso han provocado reacciones entre jubilados y asociaciones de extrabajadores de organismos públicos. Agrupaciones vinculadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han manifestado su rechazo en distintas movilizaciones y han advertido sobre posibles efectos retroactivos que, según sus representantes, pondrían en riesgo derechos adquiridos.
Al mismo tiempo, el dictamen aprobado incluye exclusiones y aclaraciones: no aplicaría a las pensiones del sector castrense ni a prestaciones constituidas con aportaciones voluntarias a las Afores, ni a ciertos esquemas sindicales y ahorro complementario del sector trabajador, según el informe técnico revisado.
No se pudo verificar en las fuentes consultadas la existencia de una protesta específica de extrabajadores de la CFE frente al Congreso del Estado de Yucatán; las notas nacionales reportan movilizaciones de jubilados de CFE y Pemex en varios puntos, pero no hay confirmación independiente en los medios consultados sobre una concentración exacta en el Congreso estatal de Yucatán.
El proceso legislativo continúa: tras la aprobación en lo general, el dictamen debe discutirse en lo particular en la Cámara de Diputados y, posteriormente, remitirse a los congresos estatales para su ratificación. Cualquier modificación en esas etapas o aclaración sobre retroactividad y alcances será determinante para el impacto final en los jubilados afectados.
