El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respaldó el 5 de noviembre las investigaciones sobre una presunta red empresarial que habría obtenido contratos de organismos electorales y rechazó que se atribuyan a Morena responsabilidades por irregularidades que, afirmó, tienen antecedentes en administraciones anteriores. También pidió que las autoridades determinen responsabilidades individuales y actúen sin privilegios ni encubrimientos.
El posicionamiento se produjo después de que el Gobierno federal expusiera una investigación sobre compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. Durazo sostuvo que los señalamientos describen prácticas con una trayectoria de décadas y respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias.
Las cifras señaladas por Durazo
Según el gobernador, los contratos atribuidos a la presunta red superarían los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, además de otros 646 millones durante 2024 y 2025. Estas cantidades corresponden a señalamientos sobre contrataciones investigadas; no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre la responsabilidad de personas o empresas.
Durazo afirmó que los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en el Gobierno federal en 1983 y que, tras dejar el servicio público, obtuvieron contratos con organismos electorales. También mencionó controversias relacionadas con contratos en 1999 y 2005 como antecedentes de los señalamientos actuales.
Responsabilidades individuales y disputa política
El mandatario rechazó que las presuntas irregularidades se conviertan en una responsabilidad colectiva de Morena. A su juicio, los señalamientos contra la presidencia del Instituto Nacional Electoral y contra la institución forman parte de una disputa política por su control.
En ese contexto, Durazo aludió a las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, cuyos resultados y legitimidad han sido objeto de controversia. Su argumento fue que las deficiencias y prácticas cuestionadas en el sistema electoral preceden al actual movimiento político.
“La democracia no es un negocio y quien haya lucrado con ella, que responda ante la justicia”, expresó el gobernador. Reiteró su respaldo a Sheinbaum y pidió que las autoridades establezcan los hechos y determinen, en su caso, las responsabilidades correspondientes.