El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —entre funcionarios actuales y anteriores— por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, según documentos judiciales registrados en una corte federal de Nueva York.
La imputación acusa a los señalados de colaborar con una organización criminal para facilitar el envío de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y de proteger operaciones ilícitas a cambio de apoyo político y otros beneficios. Entre los enlistados en la acusación aparecen mandos policiales, un alcalde y al menos un legislador del estado.
El 28 de abril de 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de solicitudes de extradición remitidas por la Embajada de Estados Unidos y señaló que analizará la documentación para determinar su validez. Por su parte, el gobierno federal y autoridades estatales han manifestado la necesidad de revisar las pruebas antes de tomar medidas administrativas o jurídicas.
La divulgación de la acusación ha generado reacciones políticas y advertencias sobre el impacto que un caso de esta magnitud puede tener en las relaciones bilaterales y en la gobernabilidad local. Autoridades mexicanas analizarán los pasos legales siguientes, que incluyen la verificación de la evidencia remitida por Estados Unidos y la posible apertura de investigaciones complementarias en México.
En las próximas horas y días se espera que las instancias judiciales y diplomáticas definan el curso del proceso, que podría incluir solicitudes formales de detención y extradición, así como acciones internas de investigación por parte de las autoridades mexicanas.
