El 29 de abril de 2026 se presentó en una corte federal de Nueva York una acusación que imputa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios actuales o exfuncionarios por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de drogas y a delitos relacionados con armas.
La acusación incluye nombres de altos mandos estatales y exfuncionarios señalados por delitos como conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. Entre las personas mencionadas figuran Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”).
La acusación sostiene que las personas imputadas habrían colaborado con una facción del Cártel de Sinaloa —identificada en el expediente como la dirigida por los descendientes de Joaquín “El Chapo” Guzmán— para facilitar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de protección, sobornos y apoyo político. En el caso de algunos de los imputados, el escrito señala además la participación en hechos de violencia y desaparición forzada.
El documento judicial que acompaña la acusación incluye, como elementos de la imputación, supuestos pagos mensuales a funcionarios y la participación directa de ciertos mandos en actos de violencia. El expediente refiere que las imputaciones son alegatos que deberán probarse en proceso penal.
Algunos de los cargos señalados en la acusación conllevan penas graves en caso de condena, incluyendo la posibilidad de prisión de por vida y mínimos obligatorios en determinados delitos. El caso quedó asignado a una juez del Distrito Sur de Nueva York y las diligencias siguen su curso.
Se trata de una acusación de alto perfil contra funcionarios de primer nivel que, de confirmarse en sede judicial, tendría efectos relevantes en la esfera política y en la cooperación bilateral en materia de lucha contra el crimen organizado. La situación evolucionará a medida que se realicen audiencias y se publiquen nuevas diligencias.
